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MOCIÓN EN DEFENSA DE LA CAZA

Feb 27th, 2019 | By | Category: Destacados

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La caza, como también ocurre con la pesca, se reconoce como una actividad económica legítima, necesaria para el interés general ya que, además de mantener un alto compromiso con la conservación de la biodiversidad, genera renta y empleo, representa una oferta turística singular para el mundo rural con demanda internacional y se desarrolla en zonas del interior de nuestro país, contribuyendo a disminuir el preocupante fenómeno de la despoblación.

Según la Fundación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza, así como la Real Federación Española de Caza, en España existen aproximadamente unos 332.000 cazadores federados y se expiden unas 850.000 licencias anuales. Según la consulta Deloitte, la actividad cinegética representa el 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) español, un gasto de más de 6.475 millones de euros y genera 187.000 empleos directo e indirectos.

Pero, además del aspecto económico, a través de la contribución de la caza al Productor Interior Bruto (PIB) y generación de retornos fiscales y mantenimiento de empleo, la actividad cinegética contribuye a un desarrollo social asociado a la sensibilización, ya que sin caza no se entendería la protección y conservación de especies, tanto animales como vegetales, y la conservación del patrimonio natural, forestal e histórico.

En definitiva, la caza equilibra aspectos económicos, de desarrollo del medio rural y de conservación de la naturaleza. En el caso de especies de caza mayor, hoy la caza es, probablemente, el único instrumento real disponible para controlar poblaciones ante la ausencia de predadores naturales necesarios para mantener un equilibrio con la capacidad de los ecosistemas. Este hecho queda demostrado en diferentes especies como es en la gestión poblacional del jabalí en la Región del Pirineo.
Es de especial interés, en este momento, la contribución que desde el sector cinegético se está ofreciendo a las medidas de control y prevención de episodios de riesgo sanitario como los derivados de enfermedades como la mixomatosis, la tuberculosis o la temida peste porcina africana, presente ya en varios países europeos y que podría causar daños con incalculables consecuencias sobre la cabaña porcina española.Junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas favoreciendo el control poblacional de especies que provocan daños a la masa forestal y a la agricultura, o ejerciendo vigilancia directa ante la propagación de enfermedades como la Gripe Aviar, la Mixomatosis de la liebre, la Sarna Sarcóptica o la Peste Porcina Africana. Y este hecho de control poblacional es especialmente importante, si tenemos en cuenta que según datos de la propia Consellería existe un incremento exponencial de las especies de caza mayor como jabalí, corzo, muflón y cabra montesa, así como situaciones de plaga de conejo en varias de nuestras comarcas, alcanzando la misma una superficie de más de 864.000 hectáreas. Con tal escenario de alarma es impensable no llevar a acabo controles poblacionales que palien los daños a la agricultura e infraestructuras, además de que limiten el riesgo de epizootias y zoonosis para las personas. Además de lo anterior, estos controles han devenido imprescindibles para la prevención de los accidentes de tráfico. Solo en 2017, según datos de la propia DGT, los accidentes de tráfico causados por el jabalí ascendían a la cifra de 10352. Y en la Comunidad Valenciana, según comarcas, los casos son especialmente alarmantes, comprometiendo además de los daños materiales, también los personales.

Aunque la regulación de la caza corresponde a las Comunidades Autónomas y casi todas éstas han aprobado sus propias Leyes de Caza, es necesario un claro y firme compromiso de los diferentes ministerios que conforman el Gobierno de España, compromiso que debería quedar materializado en la elaboración de una estrategia común y una apuesta decidida. Además, en virtud de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 21/2015 de 20 de julio, de la modificación de la Ley 43/2003 de Montes, de 21 de noviembre, el ministerio responsable debe elaborar una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, con la participación de las Comunidades Autónomas y cuyos trabajos comenzaron la pasada legislatura.

Sin embargo, a pesar de la importancia y reconocimiento que tiene el sector cinegético, acabamos de asistir a manifestaciones de la Ministra de Transición Ecológica que a la pregunta de “¿Prohibiría la caza y los toros?”, su respuesta ha sido: “Efectivamente”. Estas manifestaciones se suman a una creciente corriente defendida por asociaciones animalistas y determinados colectivos que pone en peligro a un sector de indudable interés en nuestro país.

Las manifestaciones de la Ministra Ribera han creado una gran preocupación en el sector cinegético que mantiene el empleo de miles de familias, al tiempo que contribuye a la conservación y gestión faunística, forestal y del patrimonio, entre otros, como una verdadera función social.

Es más, para la Real Federación de Caza es inaceptable que una Ministra utilice su cargo para, desde un medio de comunicación nacional, posicionarse contra la actividad cinegética, reflejando con su actitud prohibicionista un total desprecio hacia la libertad individual y de elección de más de un millón de cazadores españoles que practican una actividad totalmente legal.

Ante esta situación, urge que se tomen medidas inmediatas en defensa del sector cinegético y se aceleren los trabajos encaminados a disipar dudas y consolidar una actividad tan importante para la economía de nuestro país que implica a sectores muy diversos.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento de Requena las siguientes:

 

PROPUESTAS DE ACUERDO

 

PRIMERO.- Que el M.I. Ayuntamiento de Requena reconoce el valor estratégico del sector de la caza y de quienes la practican, por su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural y al crecimiento económico, así como por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, protección de la agricultura, ganadería, prevención de accidentes de tráfico y al desarrollo socioeconómico del mundo rural de la Comunidad Valenciana.

SEGUNDO.- Las modalidades tradicionales valencianas son una práctica con una fuerte raigambre social y cultural en muchos puntos de España en general y en la Comunidad Valenciana en particular, que merece y debe ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tienen el deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha de los mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios.

TERCERO.- Que el M.I. Ayuntamiento de Requena entiende necesaria la urgente publicación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco orientativo y de coordinación para la ordenación a la escala nacional del aprovechamiento cinegético, convocando a las Comunidades Autónomas y a todos los sectores afectados, a los efectos de impulsar y defender la práctica de la caza por su contribución al interés general y como motor de desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental.

CUARTO.- Que el M.I. Ayuntamiento de Requena propone establecer un plan de investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética en su conjunto, dotado presupuestariamente y que contemple líneas estratégicas relacionadas con la sostenibilidad, social y medioambiental de esta actividad.

QUINTO.- Instar a la Generalidad Valenciana a crear una regulación sobre la inspección sanitaria de la carne resultado de las actividades cinegéticas.

SEXTO.- Instar a la Generalidad Valenciana a la creación de un Consejo Rector de Caza y Pesca de la Comunidad Valenciana integrado por expertos en materia cinegética, pesquera, turística y sanitaria.

SEPTIMO.- Que el M.I. Ayuntamiento de Requena de traslado del presente acuerdo a todos los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados.

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